poniendo fin a 17 años de gobierno del conservador Partido de Conciliación Nacional (PCN). El presidente Romero, en los dos años y medio de su mandato había enfrentado con una escalada represiva el creciente movimiento revolucionario. Las organizaciones de masas habían ocupado prácticamente las calles, y eran enfrentadas con ataques directos de la Guardia Nacional y el Ejército. Los grupos guerrilleros actuaban en la ciudad y en el campo cada vez con mayor desenvoltura, y se dedicaron no sólo al combate contra los cuerpos de seguridad, sino también al exterminio de los miembros de la Organización Democrática Nacionalista (ORDEN), agrupación de masas creada por el gobierno a principios de los sesenta, que en ese momento cumplía tareas paramilitares o de denuncia de militantes de lz izquierda. Desde un año antes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) preparaba un informe condenatorio del gobierno de Romero, que debía presentarse en una reunión que se celebraría el 22 de octubre de 1979 en La Paz (Bolivia). En los meses anteriores, además, el presidente estadounidense, James Carter, envió varias veces al subsecretario de estado Viron P. Vaky1 a entrevistarse con Romero para advertirle que debía renunciar o convocar a elecciones anticipadas, de preferencia en 1980. Romero, un militar con un alto sentido institucional, se negó en redondo. Los golpistas contaron pues con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos, que consideraba que el general Romero había perdido el control de la situación del país, y mostraban preocupación ante el fortalecimiento de los grupos armados de izquierda. Tras varios meses de conspiraciones y negociaciones dentro del ejército, el cuerpo armado avaló el proyecto de la Juventud Militar.
El golpe fue avalado por el llamado Foro Popular, creado en septiembre anterior, en el que participaban algunas de las organizaciones que en esos momentos luchaban en las calles, como la Federación Nacional de Trabajadores Salvadoreños (FENASTRAS), que era la más poderosa central sindical, perteneciente al Frente de Acción Popular Unificada (FAPU), y las Ligas Populares "28 de Febrero" (LP-28). También estaba el Partido Comunista Salvadoreño, a través de su frente electoral, la Unión Democrática Nacionalista, y de varias agrupaciones sindicales. Otras fuerzas del Foro Popular eran el Partido Demócrata Cristiano (El Salvador) (PDC), el socialdemócrata Movimiento Nacional Revolucionario (MNR) y el Partido Unionista Centroamericano (PUCA).
Tras intensas y rápidas negociaciones entre los militares, el Foro Popular y miembros de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (CCIES) (estos últimos sin el aval oficial de la empresa privada), se creó la primera etapa de la Junta Revolucionaria de Gobierno (JRG), o Primera Junta, conformada por dos militares y tres civiles.
Los militares, propuestos por la Juventud Militar y ratificados por asambleas realizadas en todos los cuarteles del país, eran los coroneles Jaime Abdul Gutiérrez Avendaño y Adolfo Arnoldo Majano. Los civiles eran Román Mayorga Quiroz, a la postre rector de la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas", de la Compañía de Jesús; Mario Antonio Andino Gómez, ex vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (CCIES), y Guillermo Manuel Ungo, del Movimiento Nacional Revolucionario (MNR). Los dirigentes del golpe, presentaron un programa centrista de gobierno, y prometieron un serie de reformas sociales como la reforma agraria y la nacionalización de la banca y el comercio del café, (principal cultivo del país) así como el cese de la violencia de los cuerpos de seguridad contra la población civil y la implementación de un verdadero sistema democrático en el país. Se nombró un gabinete de ministros de composición plural, en el que participan antiguos opositores a los gobiernos del PCN, entre ellos, el democristiano Rubén Zamora como ministro de la Presidencia y el empresario Enrique Álvarez Córdoba como ministro de Agricultura pero también representantes de los sectores conservadores del país como el coronel José Guillermo García, ministro de Defensa.
El arzobispo de San Salvador, Monseñor Óscar Arnulfo Romero, que había denunciado los abusos a los derechos humanos del gobierno del general Romero, expresó públicamente su esperanza en las buenas intenciones del nuevo gobierno. Por el contrario, los grupos de izquierda incrementaron las protestas y huelgas en todo el país y rechazaron dialogar con el nuevo gobierno.
Llamó la atención la ausencia en la JRG de un miembro del Partido Demócrata Cristiano, la organización tradicional y más fuerte de la oposición salvadoreña. Ello se debió a una maniobra del MNR y el PCS en el Foro Popular, con lo que evitaban la llegada de un dirigente demócrata cristiano con poder o con una influencia que neutralizara a los otros miembros civiles, como José Napoleón Duarte, Adolfo Rey Prendes o José Antonio Morales Erlich. Sin embargo, el PDC no pensaba "gastar" a sus piezas fuertes, y envió a la Junta a los jóvenes miembros del sector progresista, como Mario Zamora, Rubén Zamora, Héctor Dada Hirezi y Jorge Villacorta, quienes sin embargo obtuvieron puestos claves, como el Ministerio de la Presidencia y los ministerios clave.
La presencia de Mayorga, de Ungo y de los progresistas del PDC, así como de figuras ligadas a los jesuitas de izquierda, puso en guardia a la empresa privada, que no apoyó (e incluso saboteó) a su representante; los militares tradicionales, interinamente replegados, también se pusieron en guardia. De inmediato comenzaron las pugnas entre los participantes civiles en el gobierno, y entre éstos y los militares. Era claro que la alianza no duraría mucho tiempo, y el ejército comenzó conversaciones paralelas con los miembros tradicionales del PDC.
Aunque se esperaba que el golpe de estado y la conformación de la JRG frenarían el movimiento popular, o al menos darían un respiro, las cosas empeoraron. Aunque el PCS dio se "apoyo crítico" al gobierno y varios de sus más destacados militantes ocuparon ministerios, viceministerios y oficinas, el FAPU se lanzó a la lucha de calle junto con el Bloque Popular Revolucionario para exigir un pliego petitorio muy similar al que planteaba la Proclama de la Fuerza Armada como parte de su plan de gobierno: aumentos salariales, reforma agraria, disolución de ORDEN. congelamiento de alquileres, etcétera. Por si fuera poco, las LP-28 realizaron tomas de poblaciones periféricas, apoyadas por el Ejército Revolucionario del Pueblo (El Salvador), y llamaron a la insurrección; fueron combatidos por las fuerzas de seguridad, con importantes bajas entre sus militantes y la población civil. La represión contra la izquierda no cesó porque numerosos oficiales de la Fuerza Armada, mantenían sus lazos de colaboración con los escuadrones de la muerte (grupos ultraderechistas) bajo el nuevo gobierno, igual que antes, durante la presidencia del general Romero, ejerciendo considerable presión sobre cualquier funcionario de la Junta que intentara poner en marcha el plan de reformas prometidas. Los escuadrones de la muerte actuaban con impunidad, matando a los sospechosos de ser simpatizantes de las organizaciones armadas de izquierda e incluso a miembros del Partido Demócrata Cristiano (PDC) a pesar que éste partido apoyaba al nuevo gobierno. Dentro de la primera semana después de que la Junta tomó el poder, los organismos de derechos humanos denunciaron un centenar de muertos debido a la violencia política.
Las tomas de fábricas, de los ministerios de Trabajo y Economía, la persecución de la guerrilla contra los militantes de ORDEN (disuelta mediante decreto a los pocos días del golpe de estado), las manifestaciones diarias y los ataques a guarniciones de la Guardia Nacional en el campo se sumaron a las pugnas entre las partes gobernantes, en especial a las presiones de los civiles contra los militares, jóvenes o tradicionales. Los sectores institucional y conservador el ejército, además, entraron en conflicto con los militares jóvenes, y éstos echaron en cara a sus antiguos aliados el sabotaje contra la Proclama. Así, el 28 de diciembre de 1979 se produjo una reunión entre los miembros del gabinete civil, la JRG y representantes de los diferentes sectores del ejército, que terminó en un enfrentamiento que llevó a la ruptura de la Primera Junta. La espiral de violencia entre los grupos armados de izquierda, los escuadrones de la muerte y los cuerpos de seguridad continuó durante noviembre y diciembre de 1979; el país vivía un ambiente de pre-guerra, mientras la esperada reforma agraria tardaba en implementarse. Entretanto, las contradicciones internas dentro de la Junta pronto se hicieron evidentes, con el Coronel Majano representando, el punto de vista de los sectores militares progresistas y el Coronel Gutiérez que representaba más la opinión de los sectores conservadores de la Fuerza Armada. Entre el 2 y el 5 de enero de 1980, los 3 miembros civiles de la Junta, dimitieron, junto con el gabinete de ministros, excepto el ministro de defensa, coronel García. El 2 de enero, el arzobispo Óscar Arnulfo Romero celebró una reunión de mediación, que fracasó: en ese momento, paralelamente, estaban renunciando varios miembros del gabinete, y las dimisiones continuarían durante la siguiente semana.
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